CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Personas vinculadas al gobierno venezolano y compañías mexicanas conspiraron para inflar los precios de los paquetes de ayuda de alimentos básicos, afirmó el jueves la Procuraduría General de la República de México.

Supuestamente el gobierno socialista venezolano subsidia los alimentos de los paquetes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como “CLAP”, a fin de proveer el nivel mínimo de sustento a muchas familias que enfrentan hambre en medio de la hiperinflación y la crisis económica que agobian a la nación sudamericana.

Pero la procuraduría mexicana indicó que en una investigación se halló que funcionarios venezolanos y empresarios mexicanos adquirieron al por mayor productos de mala calidad y los exportaron a Venezuela a más del doble de su precio real.

En restitución, los sospechosos acordaron pagar tres millones de dólares a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) a fin de que esos fondos sean utilizados en sus operaciones en Latinoamérica, dijo Alonso Lira, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Actualmente la ACNUR destina la mayor parte de sus esfuerzos en ayudar a Colombia a reasentar a cientos de miles de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en su país.

Elementos de la PGR localizaron 1.300 contenedores con 1,8 millones de paquetes, pero permitieron que continuaran su trayecto hacia Venezuela a fin de evitar perjudicar a los beneficiarios, señaló Lira.

No es la primera vez que ocurre un escándalo similar.

Previamente, funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos habían conformado una lista de supuestas empresas fantasma que altos funcionarios venezolanos habrían utilizado para desviar millones de dólares de los contratos por importación de alimentos.

Investigadores financieros de Estados Unidos y otros tres aliados conservadores de América Latina —México, Panamá y Colombia— rastrearon las transacciones realizadas por compañías que se cree están bajo control de empresarios relacionados al gobierno.

El presidente venezolano Nicolás Maduro comenzó a distribuir alimentos subsidiados a medida que el país se hundía cada vez más en una crisis política y económica. El programa CLAP se ha convertido en una frágil vía de supervivencia para millones de venezolanos que sufren debido a que los supermercados tienen los anaqueles vacíos y a una tasa de inflación anual que el Fondo Monetario Internacional calcula que pronto alcanzará el millón por ciento.

Los detractores aseguran que en esencia Maduro ha utilizado la comida como un arma, distribuyendo las cajas de alimentos principalmente entre sus simpatizantes y empleados gubernamentales. Las cajas contienen aceite de cocina, harina, arroz y atún enlatado.

Muchos de esos alimentos provienen de México, y ya ha habido quejas sobre su calidad. Un estudio reveló que la leche en polvo que se distribuye en las cajas del CLAP por lo regular contiene una tercera parte del nivel de proteína que exige el gobierno y el doble del nivel de los carbohidratos recomendados.

El 17 de mayo, tres días antes de que Maduro fuera reelecto, Colombia anunció la incautación de 15 contenedores con más de 25.000 cajas del CLAP, en las que el arroz se encontraba infestado de insectos y otros alimentos también estaban descompuestos.

The Associated Press publicó un reportaje en 2016 en el que se revelaba cómo altos funcionarios del gobierno y miembros del ejército venezolano se enriquecían desviando fondos de los contratos alimenticios.

Las autoridades estadounidenses han identificado a Alex Saab, de la ciudad caribeña de Barranquilla, como parte central de la investigación. La procuraduría mexicana identificó a uno de sus sospechosos únicamente con el nombre de “Alex”. La ley mexicana les prohíbe difundir su apellido.

Saab tomó relevancia en 2011 después de firmar un acuerdo para construir vivienda destinada a personas de escasos recursos para el gobierno venezolano a nombre de una compañía constructora con sede en Colombia.

Los investigadores han dicho que Saab ingresó al negocio alimenticio a través de Group Grant Ltd., una compañía con sede en Hong Kong que, afirman, tiene elementos para considerarse una empresa fantasma, como la falta de antecedentes en el sector alimenticio, un sitio web rudimentario que actualmente es inaccesible, y una dirección en Caracas que comparte con la empresa constructora de Saab.

A Group Grand se le otorgaron contratos para abastecer al menos 11,5 millones de cajas del CLAP, de acuerdo a una hoja de cálculo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Meses atrás, el abogado de Saab, Richard Díaz, quien vive en Miami, rechazó las acusaciones de cualquier irregularidad al decir que la prensa ha tratado injustamente a su cliente debido a los falsos testimonios en su contra. Dijo que si Estados Unidos tuviera una causa para creer que las acusaciones fueran ciertas, Saab ya enfrentaría cargos desde hace mucho tiempo.

El Departamento del Tesoro calcula que al menos el 70% del programa CLAP está sumido en la corrupción, citando evidencia de cobros excesivos.

Entre las transacciones que han generado alarma se encuentra un recibo fechado en septiembre de 2017 que el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación le entregó a Group Grand por 41 millones de dólares en leche en polvo a un precio de 6.950 dólares por tonelada métrica, es decir, más del doble del precio del mercado en aquel momento. La AP recibió una copia del recibo.

México: Revelan fraude en programa de alimentos de Venezuela
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Categorías: América Venezuela


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