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Redacción BLes – El senado argentino aprobó el 12 de diciembre la actualización de la normativa que regula la vacunación estableciendo la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación en regla para poder tramitar o renovar el DNI, el pasaporte o el carné de conducir, entre otras gestiones. 

La iniciativa legislativa presentada por el diputado Pablo Yedlin, que actualiza la vigente Ley Nacional de Vacunación Obligatoria 22.209, promulgada por decreto por la dictadura militar en 1983, fue aprobada por 59 votos a favor, una abstención y un voto en contra, según Infobae. 

El objetivo de la medida es la inoculación generalizada de los adultos que, o no saben que las vacunas son obligatorias o no quieren vacunarse.

Las vacunas obligatorias para adultos serán la vacuna contra la hepatitis B, que consta de tres dosis y la vacuna doble de adultos contra la difteria y el tétanos que se debe recibir cada 10 años. 

Además, los que hayan nacido después de 1965 deberán recibir dos dosis de la triple viral contra sarampión y rubéola. Los mayores de 65 años además deben ser administrados con la vacuna antineumocócica y la antigripal todos los años, asegura a Infobae la médica infectóloga Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Ninguno de los trámites administrativos será obstruido por la falta de vacunas en el certificado, pero sí se va a notificar al Ministerio de Salud de las personas a las que les falten esas vacunas, asegura Yedlin según Infobae. 

¿Una ley anti constitucional? 

Sin embargo, la plataforma Argentina sin Vacunas denuncia que esta obligatoriedad es anticonstitucional y que además viola los derechos humanos protegidos por varias convenciones internacionales. 

“La vacunación obligatoria se contrapone con el Protocolo de Nüremberg, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho a la patria potestad y el derecho al consentimiento informado contemplado por la Ley Nacional 26.529, los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros derechos naturales”, asegura una petición online creada con el objetivo de abolir por completo la ley de vacunas argentina.

Los promotores de la petición aseguran además que esta ley vulnera el Artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos:

“Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo se llevará a cabo con el consentimiento previo, libre e informado de la persona de que se trate, sobre la base de una información adecuada. El consentimiento debe, en su caso, ser expreso y puede ser retirado por el interesado en cualquier momento y por cualquier motivo y sin desventaja o perjuicio alguno”, afirma el texto de la petición.

Miles de médicos, investigadores y padres de todo el mundo llevan años reclamando estudios clínicos que prueben la seguridad de las vacunas comparando vacunados con no vacunados, algo que aún no se ha producido.

Muchos de ellos denuncian el gran incremento en el número de vacunas que se sumaron a los calendarios a nivel mundial desde que se produjera el blindaje total para la industria farmacéutica en noviembre de 2002 cuando, escondida en una ley de Seguridad Nacional que el presidente estadounidense George Bush presentó al Congreso para su aprobación, se incluyó a última hora una provisión que cerraba una laguna en la ley de 1986.

Esto significa que, hoy por hoy, los fabricantes de vacunas no pueden ser juzgados ni demandados por ninguna clase de daño que puedan causar sus productos ni ninguno de sus ingredientes. 

¿Son seguras las vacunas?

Según el Dr. Vernon Coleman, médico, investigador y escritor, la evidencia científica muestra claramente que las vacunas no son seguras ni efectivas y, de hecho, que hacen mucho más daño que bien.

El timerosal, un conservante a base de mercurio, un potente neurotóxico, ha sido ampliamente utilizado en la fabricación de vacunas a pesar de que el único estudio clínico sobre su seguridad data del año 1929 y supuso la muerte de todos los sujetos.

El congresista Dan Burton preguntó durante una audiencia del Senado en 2004 al responsable de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) si se ha llevado a cabo algún estudio clínico sobre los efectos del timerosal desde que el que se hiciera en 1929 en el que murieron 22 personas de meningitis. La respuesta fue negativa.

El mercurio en las vacunas ha sido asociado por varios estudios con el alarmante incremento de los casos de autismo coincidiendo con el aumento del número de vacunas en el calendario obligatorio, que se han cuadruplicado desde los años 80.

En Estados Unidos, se ha pasado de 1 caso de autismo por cada 10.000 niños desde que se diagnosticó por primera vez un caso de autismo en 1911, hasta la evolución exponencial de los últimos 14 años, con 1 caso de autismo por cada 150 niños en 2000 y 1 por cada 59 niños en 2014 según datos del Centros para el Control de Enfermedades (CDC). 

Alrededor de 40 dosis se administran durante los dos primeros años de vida del niño, entre ellas contra la hepatitis B, una enfermedad de transmisión sexual de la que se vacuna a los bebés de solo dos meses. 

Japón, quien en 1989 introdujo la vacuna triple vírica en su calendario de vacunaciones como obligatoria, bajo multas a los padres y tuvo que retirarla cuatro años más tarde, en 1993, debido a la enorme cantidad de efectos adversos que presentaban los niños vacunados.

La nueva ley de vacunación argentina, que fue aprobada por las dos cámaras, ahora solo necesita la reglamentación por parte del ejecutivo para iniciar su aplicación a la población. 

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Argentina: nueva ley obligará a los adultos a vacunarse para tramitar documentos de identidad
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