Diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que contempla multas contra las redes sociales que incumplan la normativa y plantea la presencia de un representante que pueda ser emplazado en juicio. Es el adelanto del poderío comunicacional que el presidente electo planteó en su programa de gobierno

Un proyecto de ley que regula las plataformas digitales y redes sociales fue presentado por diputados de la coalición Frente Amplio en el Congreso chileno. Es un nuevo paso hacia la política comunicacional que Gabriel Boric planteó en su programa de gobierno, sin que todavía haya asumido. Días antes, el país fue testigo de cómo el presidente electo increpó a un medio de comunicación, obteniendo una respuesta complaciente para evitar problemas con el próximo mandatario.

La propuesta viene del Frente Amplio, coalición que acompañó a Boric en las elecciones. De modo que el gesto se traduce en el abono del camino para el próximo 11 de marzo, cuando comienza el mandato presidencial y el nuevo periodo en el Congreso. El texto trae consigo señales preocupantes del control que se plantea imponer a plataformas del mundo digital.

El objeto de la ley es «regular la transparencia, adherencia a estándares de derechos humanos, debido proceso y rendición de cuentas en la difusión de contenido». Quieren supervisar a las plataformas en la «formación y conservación de la libertad de información y que permitan el desarrollo de una verdadera democracia».

La «verdadera democracia» queda en entredicho cuando se considera que Boric apunta en su programa de gobierno a un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP) «para proteger el patrimonio simbólico“. Es un caso que ha sido comparado con lo que pasó en Venezuela, cuando el fallecido Hugo Chávez se dio cuenta de que la independencia comunicacional no era compatible con su dictatorial dirección política.

Solicitud de “transparencia”

El proyecto de ley en cuestión sobre el mundo digital incluye una serie de argumentos enfocados en favorecer la propuesta. Por ejemplo, cita que «cuando un ciudadano interactúa en redes sociales tiende a recibir contenidos que coinciden con sus puntos de vista y valores». Un mecanismo que según el texto, «rápidamente deforma su percepción del entorno y de la realidad que lo circunda».

Explica que las plataformas digitales globales «pueden deformar la percepción de la realidad» debido a algoritmos de las redes y buscadores, desestimando de esta manera la libre elección de la que los usuarios deberían gozar en internet.

Aunque se menciona la defensa de la libertad de expresión y derechos humanos también se hace referencia a la necesidad de establecer «una vinculación directa entre las reglas de moderación de contenido». A pesar de tomar fragmentos de organismo internacionales como fuentes, es la motivación política lo que guía la propuesta.

Los diputados del Frente Amplio plantean así varias obligaciones que deberá cumplir cada plataforma en caso de ser aprobado. Estos son algunos:

  • Tener domicilio en el territorio nacional o designar un representante legal para ser emplazado en juicio.
    Suprimir el contenido considerado ilícito de su infraestructura digital, siempre que exista sentencia ejecutoriada que así lo acredite.
  • Transparentar el uso de algoritmos que permitan la entrega de información.
  • Multas de hasta 1000 Unidades Tributarias Mensuales si incumplen la normativa.

Uso a conveniencia de las redes sociales

Los gobiernos miran las redes sociales y plataformas dependiendo de su línea política. El asedio que antes se centraba en medios tradicionales como la televisión o la radio ahora también se extiende al mundo digital.

Tampoco quedan exentos los propios dueños de dichas empresas tecnológicas, los cuales dan directrices de acuerdo con el contexto social. El mundo fue testigo de la censura impuesta a cuentas de usuarios conservadores en Estados Unidos durante las pasadas elecciones presidenciales de 2020.

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, extendió su agradecimiento a las “benditas redes sociales”. Pero en enero del año pasado dijo que las plataformas digitales pasaron a ser la “Santa Inquisición” contra la libertad de expresión. Entonces anunció la creación de una «red social nacional» aunque la idea no prosperó.

Se trata de un mundo donde los jugadores más preponderantes mueven sus fichas para obtener un resultado político a favor. Los propios simpatizantes de Gabriel Boric usan las redes como herramienta para agredir a quienes piensan distinto. Chile, próximamente bajo el mandato del presidente izquierdista, entró en este tablero.

Oriana Rivas – Panampost.com