Ambos demandantes tuvieron que sobrevivir a la distribución del contenido en la red social, mientras que la empresa se escuda en un ley de 1996 para decir que “no es responsable”

A Twitter se le está complicando el terreno legal. Esta vez la empresa de Jack Dorsey deberá responder a un segundo sobreviviente de abuso sexual que vio su contenido difundido sin que la red social hiciera algo al respecto.

El primer caso salió a la luz a inicios de este año. La lamentable historia de coacción que inició en Snapchat y terminó en Twitter a manos de criminales llevó al joven John Doe (pseudónimo de la víctima) y a su familia a reclamar varias veces sin éxito alguno. Una de las respuestas de Twitter fue que «no encontraron» una infracción de sus políticas.

John sufrió burlas, acoso y hostigamiento cuando sus compañeros de clase vieron el contenido y se lo mostraron el año pasado, según registros judiciales. Habían pasado cuatro años desde que los grabó en contra de su voluntad. Un agente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU tuvo que intervenir y logró eliminar los videos. Solo después de eso, Twitter suspendió las cuentas que los difundieron.

La demanda federal presentada por la víctima y su madre en el Distrito Norte de California, ahora llegó a un nuevo nivel: apareció John Doe #2 (la otra víctima del video) para unirse a la demanda. Un comunicado del Centro Nacional de Explotación Sexual (NCOSE) asegura que se está violando la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata.

“Twitter se ha beneficiado de la distribución consciente de material de abuso sexual infantil que muestra a estos dos jóvenes cuando eran niños, y debe rendir cuentas. Twitter no puede esconder el hecho de que permitió material de abuso sexual infantil en su sitio y se negó a eliminarlo».

Un dilema legal

La red social viene acumulando casos similares. Un tribunal de Moscú impuso tres multas por un total de 8,9 millones de rublos (más de 116.000 dólares) por no eliminar 3000 publicaciones referidas a suicidios, pornografía infantil y drogas que supuestamente circulaban desde 2017.

Twitter respondió y dijo que la compañía está «preocupada por los crecientes intentos de bloquear y limitar la conversación pública online». El tema también plantó un debate entre el control de la libertad de expresión que quiere imponer el Kremlin y los oídos sordos que pudiera estar aplicando la red social.

Volviendo a Estados Unidos, llama la atención que Twitter recurrió a una ley de 1996 para excusarse. Un recurso tan antiguo que la red social ni siquiera existía, pero que está aprovechando. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones dicta lo siguiente:

«Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o hablante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información».

Muchas plataformas actuales recurren a este recurso. El portal de la organización Electronic Frontier Fundation señala que permite que plataformas como Youtube, Vimeo, Amazon, Facebook o Yelp sean lo que son hoy.

La peligrosa autonomía de las redes

De esta manera, Twitter busca desestimar el caso. En una moción de desestimación citada por Daily Wire, asegura que no haber eliminado el contenido de abuso sexual contra los dos menores de edad a tiempo «no hace que Twitter sea responsable bajo ninguna ley aplicable». El material en cuestión tenía acumuladas más de 167000 visitas y 2223 retweets. Podría decirse que el contenido era popular y Twitter sabía de su existencia.

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Sin embargo, el hecho que la empresa de Dorsey quiera evitar responsabilidades viene de la mano con toda la polémica que lo rodeó a finales del año e inicios de este.

La famosa «cultura de la cancelación» apuntó al expresidente Donald Trump, que fue baneado y censurado no solo de Twitter, también de Facebook y Youtube. Luego de eso y de todo lo ocurrió con el asalto al Congreso, sus respectivos CEO han tenido que comparecer ante la justicia. Allí han buscado la manera de lavarse las manos aunque Dorsey admitió haber contribuido a la desinformación durante esos días.

Todo lo que ocurre lleva a cuestionar las reglas que estas empresas están queriendo imponer por sí mismas en internet. Un ecosistema que ha recibido incluso demandas antimonopolio de parte del gobierno de EE.UU. por pisar a pequeños competidores. El caso de los dos «John Doe» es muestra de ello, quienes esperan compensación de una red social que sirvió como vitrina para exhibir los contenidos que marcaron el resto de su vida.

Oriana Rivas – Panampost.com

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