Un diputado del Movimiento al Socialismo de Evo Morales asegura que el narcotráfico financia las campañas del partido.

¿Cómo se financia el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia liderado por el expresidente, Evo Morales? El diputado Rolando Cuéllar, quien hasta hace poco pertenecía a la organización política asegura que se financia con “grandes contribuciones económicas” del narcotráfico.

Según la denuncia del parlamentario, José Miguel Farfán también conocido como “el Chapo del Cono Sur” mediante la falsa identidad de “Miguel Ángel Salazar Yavi” efectúa “generosas contribuciones” desde 2014 a la organización, detalla La Gaceta Iberosfera. 

Cuéllar —expulsado de la tolda política por “ignominia”, ofensa grave contra el honor— presentó una carta firmada por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien en nombre de Evo Morales le agradece al narcotraficante argentino —detenido en 2019 y extraditado a Buenos Aires por encontrarse prófugo en medio de un proceso por tráfico de sustancias controladas— por las contribuciones recibidas.

La misiva destaca el respaldo para “solventar las campañas en diferentes etapas electorales”. La denuncia de Cuéllar le desmorona a Evo Morales el discurso de transparencia que vocifera y lo expone a posibles investigaciones, considerando que el diputado solicita abrir averiguaciones a su ministro de Gobierno, Carlos Romero, por supuestamente haber facilitado una nueva identidad para Farfán para evadir las búsquedas de Interpol.

Negando las acusaciones

Para el partido de Evo Morales, Cuéllar utiliza a sus “socios mediáticos” para difundir “acusaciones graves”. A través de un comunicado, el MAS desestima las denuncias alegando que el diputado presentó una carta falsa.

“Es un documento montado, es falso, muchos documentos me han falsificado. No conozco a ese señor que dice (Salazar). Cuéllar es un tipo resentido, porque fue expulsado del MAS” apunta García. En Twitter, Morales culpa a la “derecha golpista” del escándalo mientras advierte a sus detractores que “fracasarán como fracasaron cuando trataron de anular la sigla en el gobierno de facto. Demuestran que con tal de atacar a Evo Morales son capaces de destruir al MAS”.

Su retórica la secunda, Héctor Arce, diputado cocalero del MAS, quien cree que “Cuellar actúa con extrema pobreza y miseria mental” y lo califica como “un mercenario y traficante político que utilizó al MAS, para llegar al poder”. Lo culpa de ser un “resentido político que estigmatiza al Trópico de Cochabamba. Se ensaña con el hermano Evo Morales.”

Si el caso llega a las instancias legales, el MAS enfrentaría, de acuerdo a los artículos 58°, 71° y 72° de la Ley de Partidos Políticos aprobada por Evo Morales, la posible anulación de su personería jurídica.

Segunda acusación

La acusación de Cuéllar se suma a la del diputado de la Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, quien hace dos años solicitó a la Administración para el Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles) —dependencia norteamericana expulsada por Evo en 2008— una investigación contra el expresidente por el delito de narcotráfico.

“Existen antecedentes de sobra para poder entender que hay fuertes indicios de que el país en los últimos 14 años vivió un narcoestado. Un narcoestado que fue manejado, protegido en un alto grado de complicidad por las altas esferas del poder político del MAS, Movimiento Al Socialismo”, dijo Monasterio en aquel momento.

Evo Morales intenta girar desde abril los focos a otros blancos al denunciar un supuesto “encubrimiento policial” a las redes de tráfico de drogas en Bolivia, salpicando al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), José María Velasco y al jefe de la unidad de Patrullaje Antidrogas, Franco Arancibia.

A todos los vinculó con protección al narcotráfico al revelar conversaciones —supuestamente entre policías— sobre una orden de abortar la destrucción de una fábrica de droga en el trópico de Cochabamba —cuna política del MAS—; Morales en su rueda de prensa evitó referirse a Maximiliano Dávila, director nacional de la FELCN en su última gestión, quien está solicitado por Estados Unidos por permitir y ofrecer cobertura a la salida de aviones cargados con drogas y sobre quien existe una promesa de recompensa de 5.000.000 de dólares por su captura.

Por Gabriela Moreno – Panampost.com