Redacción BLesUn plan reciente, propuesto por activistas judiciales de extrema izquierda, solicita a los demócratas del Senado que agreguen cientos de nuevos jueces federales a los tribunales inferiores a través de una táctica procesal conocida como “proceso de conciliación”. De lograrse esto, la izquierda obtendría el poder absoluto al manejar el poder ejecutivo, la mayoría legislativa y ahora también el poder judicial.

Durante mucho tiempo se ha hablado de los planes progresistas de ampliar la Corte Suprema para luego llenar con jueces izquierdistas el máximo tribunal. Pero el plan quedó trunco luego incorporarse Amy Barret a la Corte Suprema y consolidar la mayoría conservadora.

Ante esta situación, Daily Caller revela la nueva estrategia de la extrema izquierda que sería en primer lugar ampliar los tribunales federales y completarlos con jueces afines a la agenda progresista y de izquierda. 

El profesor de la Facultad de Derecho de Yale, Samuel Moyn, y el director de Take Back the Court, Aaron Belkin, enviaron un memorando el 29 de marzo al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y a otros demócratas de peso en el Senado, instando a ampliar los tribunales federales de apelación y de distrito utilizando el recurso de la “conciliación”.

El “proceso de conciliación” es un procedimiento parlamentario que permite al Senado aprobar leyes que afectan el presupuesto, incluidas medidas tributarias y de gasto, con solo una mayoría simple y sin opción de obstrucción por parte de la oposición.

Desde ya no será todo tan fácil para los demócratas izquierdistas. Ante el intento arrasador de ampliar los tribunales federales utilizando el proceso de conciliación, los republicanos seguramente apelarán a la llamada “regla Byrd”, una normativa incorporada a la Ley de Presupuesto del Congreso en 1990, que busca justamente evitar que los senadores abusen de la conciliación agregando cuestiones “ajenas” a la legislación relacionada con el presupuesto.

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La regla Byrd otorga al parlamentario del Senado, un funcionario estrictamente no partidista, la autoridad para determinar si las medidas en un proyecto de ley de conciliación satisfacen los seis criterios impuestos por la regla. 

Determinar si una partida no presupuestaria cumple con el estándar requerido por la regla Byrd puede ser muy dificultoso y polémico, debido a que la regla no especifica casos particulares y su interpretación ha variado históricamente según el parlamentario del Senado, señaló oportunamente la Fundación Heritage.

Moyn y Belkin mencionaron en su memorando a los demócratas del Senado que agregar 250 jueces de tribunales inferiores cumple con los seis criterios impuestos por la regla Byrd, argumentando entre otras cuestiones que la propuesta costaría un estimado entre 209 a 382 millones de dólares extra en gastos gubernamentales, afectando el presupuesto para 2021.

La actual parlamentaria del Senado es la señora Elizabeth MacDonough y obviamente aún no está claro si apoyaría la propuesta radical o no. Lo que sí es seguro, es que comenzará un fuerte debate entre republicanos y demócratas, donde los republicanos intentarán demostrar que la medida, independientemente si cumple o no con los requisitos legales para poder implementarse, constituye un verdadero atropello a la democracia y la libertad de poderes.

Andrés Vacca – BLes.com