Redacción BLesA partir de enero de este año, entró en funcionamiento una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que obliga a los hospitales y las compañías médicas a publicar los precios de los tratamientos que ofrecen a sus pacientes. Un análisis del Wall Street Journal reveló que por el mismo tratamiento en el mismo hospital, uno puede pagar desde 6000 hasta 60.000 dólares dependiendo del tipo de plan y la compañía médica que lo asegura.

Según Daily Caller, “en un hospital de Sutter en Berkeley, California, Anthem Inc. tiene un plan de Medicaid (seguro médico financiado por el gobierno) que paga 6.337 dólares por un parto vaginal… al mismo tiempo, la tarifa que figura en los planes comerciales de Anthem es de 14.928 dólares”, es decir, una persona con un seguro privado paga más del doble por una cesárea que una persona con un plan subvencionado por el estado.

Algo similar ocurre con los medicamentos, pero con una relación invertida. Las grandes farmacias inflan los precios de las drogas en el sector privado para poder cobrar más en los planes subvencionados por el gobierno (Medicaid) que son generalmente de mayor consumo que los privados.

En 2019, el expresidente firmó una orden ejecutiva buscando que los precios que las compañías médicas y los hospitales pagan por ciertos tratamientos médicos en acuerdos confidenciales sean hechos públicos.

El objetivo de la orden es recolectar esta información y crear algunas aplicaciones para que la gente pueda visualizar qué precios y qué calidad ofrecen diferentes compañías médicas por un mismo tratamiento, para poder decidir por qué opción optar.

“Daremos a los pacientes la información que necesitan para buscar la atención más barata y de mayor calidad”, dijo Trump luego de firmar la orden ejecutiva, añadiendo que el objetivo de la misma es “poner a los pacientes estadounidenses en primer lugar.”

Trump predijo que la medida conduciría a que los precios de los tratamientos bajaran significativamente, y el exsecretario de salud, Alex Azar, se hizo diciendo que “pasará a ser uno de los pasos más significativos en la larga historia de la reforma sanitaria estadounidense”.

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Hospitales y aseguradoras médicas se resisten

Si bien hospitales y aseguradoras médicas apelaron a la orden, la justicia rechazó su argumento y la orden entró en vigor en enero de este año.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Carl Nichols, en su fallo en contra argumentó que “los demandantes atacan esencialmente las medidas de transparencia en general, que tienen por objeto permitir a los consumidores tomar decisiones con conocimiento de causa”.

Sin embargo, con el cambio de gobierno, nuevamente los sindicalistas están pidiendo a Biden que deje sin efecto la orden, poniendo de excusas la pandemia, como si realmente los hospitales estuvieran desbordados por el virus chino.

La Asociación Americana de Hospitales (AHA) le escribió al equipo de transición de Joe Biden, pidiéndole que actuara con discreción en la aplicación de la norma.

“Sea cual sea la forma en que se resuelva esta cuestión en consulta con su administración, ahora no es el momento de amontonar estos requisitos en los hospitales que necesitan mantener su enfoque y recursos dedicados a la atención de los pacientes y la administración de vacunas”, escribió Richard Pollack, director ejecutivo de la AHA, según la CNN.

Siendo Biden el candidato del Establishment que incluye a las Big Pharma, no sería extraño que dejara sin efecto la orden.

De todas maneras, el informe del Wall Street Journal es suficiente evidencia para que los estadounidenses tomen nota de esta práctica inmoral por parte de la industria médica y exijan transparencia llamando a sus representantes y senadores para mantener la reforma de la era Trump.

Álvaro Colombres Garmendia – BLes.com