De la mano del gobernador Ron DeSantis, Florida aprobó una serie de leyes que blindan al Estado de las manipulaciones de los demócratas con las que lograron vencer a Trump en 2020.

Desde la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, el gobernador del Estado de Florida Ron DeSantis se ha convertido en furor dentro del Partido Republicano.

Siendo un importante aliado del ex presidente, desde el gobierno floridense ha impulsado una serie de leyes en sintonía con la agenda trumpista, rechazando las cuarentenas por el coronavirus, la censura en redes sociales, los altos impuestos y la imposición del gobierno federal sobre el Estado.

El pasado jueves 15 de abril, el Senado de Florida, controlado por los republicanos trumpistas, aprobó por 23 votos contra 17 una legislación para endurecer las penas a quienes protesten de manera violenta o hagan saqueos, permitir un mayor despliegue policial para controlar las protestas y proteger los derechos de los propietarios cuyos comercios son vandalizados y de otras víctimas de las protestas.

La ley fue fuertemente criticada por los sectores demócratas, incluso con Joe Biden amenazando con intervenir personalmente para evitar que entre en efecto, pero nada pudo frenar a DeSantis quien la firmó el pasado 19 de abril. Según el gobernador, la ley es una respuesta a las protestas del año pasado luego de la muerte de George Floyd que destrozaron ciudades enteras en todo el país.

La denominada Ley HB1 (“Anti-Riot Bill”) otorga inmunidad legal a aquellas personas que manejen a través de las protestas que estén bloqueando una calle o ruta, en caso de que pisen a algún manifestante o generen cualquier tipo de daño.

La ley también apunta a aquellas personas que son arrestadas por comportamientos violentos y destructivos en el transcurso de las protestas, impidiendo que puedan salir de prisión bajo fianza, y determina una sentencia obligatoria de seis meses por amenazar o lesionar a oficiales de policía durante una protesta.

En adición, también establece una nueva clase de delito bajo la caratula de ”intimidación mafiosa”, que convierte en crimen la destrucción, vandalismo o bajada de estatuas y monumentos históricos.

Pero esta no es la única reforma que pasó la nueva estrella del trumpismo. En la misma sintonía, el pasado jueves 29 de abril el Senado aprobó también por 23 votos a favor una reforma electoral para impedir el fraude.

Entre otras cosas, la legislación endurece los requisitos para la votación por correo, la principal herramienta de los demócratas para llevar a cabo la manipulación de votos en la elección del 2020.

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Esta reforma se basa en casi 300.000 denuncias que se recolectaron de todo el país de punteros demócratas robando boletas de los buzones de correo. A partir de ahora, en Florida se requerirá tener algún tipo de documento de identificación a la hora de votar, que pruebe que es la misma persona la que recibió la boleta y la que lo está emitiendo.

Además se pondrán oficiales electorales en puntos estratégicos durante las semanas antes de la votación para que no haya robo de boletas, y se penalizará a las personas que sean encontradas con más de una boleta electoral en su posesión.

En la misma sesión, el Senado aprobó también por 23 votos la Ley SB 7072, que penalizará a compañías tecnológicas y redes sociales si bloquean o dan de baja cuentas relacionadas a personalidades políticas que estén en el gobierno o sean candidatos por Florida.

La ley pondrá multas de hasta 250.000 dólares por cada día que el político no pueda acceder a su cuenta. Esta medida solo abarcará a redes sociales “masivas”, categorizadas como las cuales posean mas de 100 millones de usuarios mensuales, lo cual abarca a Facebook, Instagram y Twitter.

La legislación es una respuesta a la censura de todas las redes sociales que sufrió Donald Trump, un residente de Florida, mientras aún era Presidente. Según la argumentación, las redes sociales son las nuevas plazas de debate público, ya que se auto-identifican legalmente como “foros neutrales públicos”, y por lo tanto no pueden elegir qué voz política puede participar o no.

Además, en las últimas horas, la Cámara de Representantes del Estado sureño, pasó una legislación que previene que la plata de los impuestos vaya a parar en forma de subsidios o beneficios crediticios a organizaciones que participen del boicot al Estado de Florida por pasar estas leyes, entre las cuales se encuentra la NCAA (National Collegiate Athletic Association) y empresas como Nike o Coca-Cola.

DerechaDiario.com