Redacción BLes – Una nueva victoria de la administración Trump respecto a la frontera se desató este lunes cuando una jueza federal determinó que el presidente Donald Trump está operando dentro de su autoridad en el caso de las familias separadas en la frontera de México, informó a AP News.

La decisión se aplica a la separación familiar en la frontera debido a que la administración Trump considera que los padres no son aptos o peligrosos. Aproximadamente 900 niños fueron separados bajo tales criterios.

El fallo llegó en respuesta a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien presentó una demanda contra la administración Trump argumentando que estaba dividiendo a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, incluidos los delitos de tráfico.

La organización ACLU le pidió al juez en julio que dictaminara si el gobierno estaba justificado para separar a los niños de sus padres durante el primer año de la política de “Tolerancia Cero”, antes de que una orden judicial detuviera esta práctica en junio de 2018.

La jueza de distrito de EE. UU. Dana Sabraw escribió en un comunicado de 26 páginas: “Es una invitación que tiene un alcance potencialmente masivo, invade un área que está particularmente dentro de la provincia del poder ejecutivo para asegurar la frontera de la nación, y va más allá de la certificación de clase de este tribunal y las órdenes judiciales preliminares, que se centraron en la práctica de la administración de separar a las familias en la frontera con el propósito de disuadir la inmigración y no reunir a esas familias”.

La jueza señaló que la administración Trump reconoció que cometió un error al separar a una madre que necesitaba cirugía de emergencia y un padre que era VIH positivo. Sin embargo rechazó la afirmación de la ACLU de que algunas acusaciones de afiliación a pandillas eran infundadas y dijo que el gobierno se basa en “evidencia objetiva, no en acusaciones o intuición”.

“Estamos evaluando la decisión de determinar los próximos pasos sobre cómo garantizar que los niños no estén separados de sus padres en base a infracciones menores”, dijo el abogado Lee Gelernt, quien representó a la ACLU.

Las separaciones familiares en la frontera se han convertido en un tema polémico.

A pesar de que la práctica de separación recibió condena internacional, lo que se quiso implementar con la política de “tolerancia cero” en la frontera es mayor control sobre lo que se conoce como “atrapar y liberar”.

Esto básicamente se traduce en que cuando se atrapaba a familias con niños tratando de entrar ilegalmente en el país (muchas de estas eran falsas y esos niños eran víctimas del trato de personas y bandas criminales). Al no poder detenerlos (debido al Acuerdo de Flores que indica que la detención familiar es imposible y es ilegal), se los liberaba en espera de un juicio, que tardaría años y al que, en la mayoría de los casos, no se presentaban. 

Se sabe que hay organizaciones criminales de trata de personas que entrenan a inmigrantes ilegales para que se hagan pasar por familias y por tanto conseguir entrar al país sin restricción, en virtud del fallo judicial de que las familias no pueden ser detenidas. 

Muchas de estos inmigrantes son integrantes de bandas criminales y de hecho ha aumentado mucho el número de hombres adultos que están tratando de entrar con sus “hijos”. 

A los 900 niños separados de sus padres durante ese período de tiempo que funcionó la política de ‘Tolerancia Cero’ de la administración Trump, se los alimentó y se les brindó atención sanitaria mientras se intentaba localizar a los parientes más cercanos en el país para que se hagan cargo de ellos hasta que su caso llegue al juez (pueden pasar años hasta que eso suceda). En definitiva, entran en el sistema, reciben educación, atención sanitaria y viven como un ciudadano más durante ese tiempo.

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