SAO PAULO  — El Tribunal Supremo de Brasil emitió el jueves un fallo dividido que podría dar pie a la excarcelación de casi 5.000 presos que siguen apelando sus sentencias condenatorias, entre ellos el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.

El tribunal determinó por seis votos a favor y cinco en contra que una persona solo podrá ser recluida una vez agotadas todas sus apelaciones ante las instancias correspondientes.

La decisión al parecer afecta a Lula y otros sentenciados cuyos casos derivaron de la pesquisa anticorrupción “Lava Jato”, que implicó a decenas de políticos de alto nivel, así como a importantes empresarios en la nación más grande de América Latina.

Los abogados de Lula afirmaron en un comunicado que solicitarán su excarcelación el viernes. Esa medida depende inicialmente de un juez con sede en la ciudad sureña de Curitiba, donde Lula está encarcelado.

El debate en el máximo tribunal comenzó a mediados de octubre y su resultado podría inyectar incertidumbre al panorama político en Brasil.

Los fiscales de la investigación “Lava Jato” dijeron en un comunicado que la decisión “atenta contra el sentimiento de repudio a la impunidad y la lucha anticorrupción”.

Muchas personas poderosas brasileñas encarceladas debido a la investigación podrán ahora solicitar su libertad.

La decisión constituye un cambio drástico en el máximo tribunal de Brasil, que en febrero de 2016 aceptó que los acusados con condena ratificada podían ser encarcelados incluso si tenían pendientes otras apelaciones. De acuerdo con la Constitución en Brasil, nadie puede ser considerado culpable hasta que el debido proceso haya concluido.

El magistrado Gilmar Mendes, que votó a favor de la excarcelación de los reclusos que no han concluido su proceso de apelaciones, dijo que el caso de Lula “contaminó” el debate sobre el asunto.

“Esa situación no fue nada positiva para un debate racional”, dijo Mendes, un abierto crítico de la pesquisa “Lava Jato”, durante la sesión plenaria del tribunal.

La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en 2016 tras un juicio político. Lula fue encarcelado en abril de 2018 después de que un grupo de jueces ratificó su condena por corrupción y lavado de dinero.

Lula aún está apelando un caso relacionado con la presunta compra de un apartamento frente a la playa en la ciudad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. Un juez de una corte inferior también lo sentenció en un caso relacionado con una finca agrícola en la ciudad de Atibaia, en las afueras de Sao Paulo.

El político de 74 años niega haber cometido delito alguno en esos casos. Lula acusa al juez Sergio Moro y a los fiscales de Lava Jato de persecución política.

Manifestantes conservadores han cuestionado en las últimas semanas en las redes sociales a los magistrados que emitan votos que pudieran propiciar la libertad de Lula. Una protesta programada para este fin de semana tiene como propósito ser una exhibición de apoyo a Moro, hoy ministro de Justicia, y su cruzada para erradicar la corrupción.

El Consejo Nacional de Justicia considera que el fallo podría beneficiar a por lo menos a 4.895 presos, además de Lula.

La mayoría de los analistas afirman que la decisión no beneficiará a delincuentes violentos como violadores y homicidas. El magistrado Alexandre de Moraes dijo que este tipo de convictos continuarán tras las rejas, porque los jueces ya emitieron detenciones preventivas en los casos correspondientes, lo que implica que no es necesaria una sentencia para encarcelarlos.

Sin embargo, la asociación nacional de fiscales públicos de Brasil señaló que la excarcelación de peligrosos delincuentes es posible debido al fallo del jueves.

“Pido a Dios que haya paz en las calles y protección para nuestra democracia”, escribió en un tuit Antônio Costa, titular de Río de Paz, una organización sin fines de lucro.

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Categorías: América

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