Redacción BLes- Desde hace décadas, el régimen comunista chino utiliza los hospitales psiquiátricos para “reformar” a disidentes. Diversos testimonios revelaron el horror que sufrieron los ciudadanos internados en dichas instituciones, uno de los casos que conmocionaron a la opinión pública fue el de Liu Hongzhi, quién nuevamente fue internado en uno de estos macabros hospitales.

Tras el incidente en la planta química Tianjiayi en Chenjiagang que mató a 78 personas y dejó un centenar de heridos, Liu denunció la corrupción y negligencia de los funcionarios del Partido Comunista Chino como responsables de la tragedia. 

Las denuncias del joven resonaron en toda las redes chinas, aunque luego las publicaciones que mencionaban el accidente fueron censuradas, Liu no se dio por vencido y se sumó al movimiento prodemocratico en Hong Kong en el 2019.

La disidencia de Liu enfureció al Partido Comunista Chino (PCCh) que lo detuvo y fue acusado de “buscar riñas y provocar peleas”. El delito más usado por el régimen chino para acusar a disidentes, tipificado en el artículo 293 del Código Penal chino.

Más tarde, la “justicia” china declaró que Liu tenía problemas mentales y lo envío a un hospital psiquiátrico.

En el centro psiquiátrico el joven fue sometido a torturas extremas y expuestos a fuertes drogas de manera rutinaria para “reformar” su mente, obligándolo a abandonar sus opiniones e ideas contrarias hacia el PCCh.

Aunque fue liberado en 2020, la familia de Liu comentó que a principios de noviembre de este año fue llevado nuevamente tras animarse a denunciar públicamente los abusos que sufrió en 2019 en el hospital psiquiátrico.

La explosión 321 expuso la corrupción del PCCh 

 La explosión 321, fue un terrible accidente que ocurrió el 21 de marzo de 2019 en la planta química Tianjiayi en Chenjiagang Jiangsu. La explosión mató a más de 78 personas y dejó gravemente heridas a unas 617, según un recuento oficial, pero se estima que el número de víctimas podría ser mayor.

La causa directa del accidente fue que los desechos de nitrificación almacenados ilegalmente durante mucho tiempo en el antiguo depósito de desechos sólidos de la empresa Tianjiayi, continuaron acumulando calor y calentándose, fue la que provocó la explosión. 

Sin embargo, nunca se determinó por qué los funcionarios no usaron el dinero para realizar las inspecciones obligatorias, o qué hicieron con ese dinero.

 El equipo de investigación de accidentes determinó que la empresa Tianjiayi ignoró las leyes y reglamentos nacionales de seguridad y protección ambiental.

Las autoridades de la planta química ocultaron deliberadamente informes, eliminaron ilegalmente desechos de nitrificación, falsificaron inspecciones diarias y construyeron depósitos de desechos sólidos no autorizados.

Tras el accidente, el PCCh prohibió las discusiones sobre el incidente en internet y en los hogares y no dio explicaciones tampoco a los periodistas.

En ese contexto, Liu Hongzhi, que fue unos de los sobrevivientes de la explosión, se convirtió en uno de los más críticos del incidente, a través de las redes denunciando la corrupción de los funcionarios del régimen comunista chino.

Liu, manifestó en varias ocasiones su descontento, ante la falta de respuesta a las peticiones de un informe completo sobre el accidente, que muchos ciudadanos exigían.

Arrestos ilegales en hospitales psiquiátricos 

De acuerdo a un informe de la organización Safeguard Defenders, la policía y agentes continúan deteniendo a los críticos del régimen comunista chino en hospitales psiquiátricos.

Estas instituciones médicas funcionan como centros de lavado de cerebros de disidentes, peticionarios, activistas y religiosos internados con diagnósticos de “enfermos mentales” con el solo objetivo de silenciarlos.

Así mismo, los médicos y los hospitales son coaccionados por el PCCh o se confabulan con ellos para permitir estos abusos.

“El hospital adapta el diagnóstico a las necesidades del PCCh, para que los defensores de los derechos humanos puedan ser detenidos y perseguidos a voluntad”, dijo Chen Guangcheng, jurista chino radicado en Estados Unidos.

Después de ingresar, las víctimas al nosocomio pueden permanecer allí durante meses, incluso años. Nueve víctimas han estado detenidas durante más de 10 años. Otros han sido liberados, pero encerrados en varias ocasiones.

El informe reveló que 99 personas fueron encerradas en salas psiquiátricas, unas 144 veces en los siete años desde 2015 hasta 2021. También informó que en China hay unos 109 hospitales en 21 provincias, municipios o regiones dedicados a encerrar a ciudadanos sanos por su disidencia o creencia.  

En estos centro psiquiátricos los pacientes son abusados ​​física y mentalmente, sometidos a torturas extremas, a una dolorosa terapia electroconvulsiva, sin anestesia, son atados a sus camas donde los dejan durante horas, humillados en sus propios desechos, golpeados y aislados.

A las personas internadas en estas instituciones mentales también se les niega el contacto con familiares o abogados, incluso de forma telefónica.

Luego las víctimas tras ser liberadas sufren graves traumas físicos y psicológicos, presentan pérdida de peso, cicatrices y atrofia muscular.

Además, las personas, tras largos tratamientos de medicación forzada, quedan afectados psicológicamente, sufren terrores nocturnos, temblores y pensamientos suicidas, incluso algunos como consecuencia tienen signos de demencia.

Por otra parte, las personas perseguidas por su fe, también son sometidas a estos abusos, podemos mencionar a los practicantes Falun Gong como los más afectados.

Se estima que alrededor de 1000 practicantes de Falun Gong, (también llamado Falun Dafa), fueron torturados en hospitales psiquiátricos chinos, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor.

Los abusos a practicantes de Falun Gong en hospitales psiquiátricos se hallan documentados por organizaciones como la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), Human Rights Watch y el Comité de Tratamiento Psiquiátrico de Ginebra.

“No son pacientes, están aquí para ser reeducados… La mayoría de ellos son practicantes de Falun Gong […] que han estado en Beijing para protestar”, informó Amnistía Internacional a través de una investigación, según FalunInfornet.

En 2013, el PCCh puso en vigencia una nueva ley de salud mental que prohibía el internamiento involuntario. Pero a pesar de las leyes por escrito, el PCCh continúa actuando según su conveniencia.

“No importa qué tan bien redactada esté una ley, si no hay control, y equilibrio en su implementación, entonces es inútil”, dijo el jurista Chen.

El PCCh se excusa de que realiza estas acciones con el fin de “mantener la estabilidad”, pero, por el contrario, solo causa mucho sufrimiento al pueblo chino.

En su lucha por el control, el régimen chino ha escatimado recursos, y los hospitales psiquiátricos se han convertido en el infierno de cualquier persona que piense distinto al PCCh.

Por Romina García – BLes.com