Este jueves, Estados Unidos impuso sanciones a cuatro funcionarios chinos por los abusos de los derechos humanos cometidos contra la minoría musulmana uigur. Entre los afectados, se encuentra un alto dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh). La medida podría aumentar las tensiones entre Washington y Beijing.

Según un informe de Reuters, la Casa Blanca puso en la lista negra al secretario del PCCh de la región de Xinjiang, Chen Quanguo, miembro del poderoso Politburó de China, y a otros tres funcionarios.

Un alto funcionario estadounidense citado por la agencia de noticias describió a Cheng como el funcionario chino de más alto rango que ha sido sancionado por los Estados Unidos.

La lista negra “no es una broma”, dijo. “No solo en términos de efecto simbólico y de reputación, sino que tiene un significado real en la capacidad de una persona para moverse por el mundo y hacer negocios”, agregó.

La acción se da en el marco del aumento de la tensión entre Washington y Beijing por el manejo del régimen chino en el brote del coronavirus y su creciente control sobre Hong Kong.

La embajada china en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. El PCCh ha negado el maltrato a los uigures alegando que los campamentos proporcionan formación profesional y son necesarios para luchar contra el extremismo.

Chen es considerado el funcionario de mayor rango responsable de las medidas de seguridad en Xinjiang. En 2016, comandó mítines masivos “antiterroristas” en las ciudades más grandes de la región que involucraron a decenas de miles de tropas paramilitares y policías. 

Naciones Unidas estima que más de un millón de musulmanes han sido detenidos en los campamentos en la región de Xinjiang.

Las sanciones se impusieron en virtud de la Ley Magnitsky Global, la cual permite a la Casa Blanca castigar a los violadores de los derechos humanos de todo el mundo mediante la congelación de todos los activos que posean en Estados Unidos, la prohibición de viajar a Estados Unidos y la negación a los estadounidenses de hacer negocios con ellos.

Además de Chen, también fueron sancionados Zhu Hailun, ex secretario adjunto del partido y actual secretario adjunto del órgano legislativo regional del Congreso Popular de Xinjiang; Wang Mingshan, director y secretario del Partido Comunista de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang; y el ex secretario del partido de la Oficina Huo Liujun.

“Durante demasiado tiempo, los funcionarios chinos no han sido responsabilizados por cometer atrocidades que probablemente constituyan crímenes contra la humanidad”, aseguró el senador republicano Marco Rubio, patrocinador de la legislación firmada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Estados Unidos está comprometido a utilizar toda la amplitud de sus poderes financieros para hacer que los violadores de los derechos humanos rindan cuentas en Xinjiang y en todo el mundo”, indicó por su parte el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en una declaración citada por Reuters.

Diversos organismos internacionales vienen alertando hace años sobre la delicada situación de los creyentes bajo la dictadura del PCCh.

“Estados Unidos hace un llamamiento al mundo para que se oponga a los actos del PCCh contra sus propias comunidades minoritarias en Xinjiang, incluyendo la detención arbitraria masiva, el trabajo forzado, la persecución religiosa y el control forzado de la natalidad y la esterilización”, dijo un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters.

Los sobrevivientes de los campos de concentración describen que experimentaron torturas, violaciones y adoctrinamiento político mientras estaban detenidos. Asimismo los uigures denuncian que se los presionó para que suprimieran su cultura e idioma nativos y se les obligó a denunciar su fe y a jurar lealtad al PCCh.

El PCCh ha utilizado la excusa de posibles “amenazas extremistas” para justificar su estricta vigilancia de los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en la región de Xinjiang.

En Xinjiang, los practicantes de Falun Dafa, una disciplina espiritual de la Escuela Buda, y la comunidad uigur son los grupos más perseguidos.

Un informe de Forbes se hace eco de un fallo de junio de 2019 del Tribunal de China, un organismo independiente con sede en Reino Unido que es presidido por el reconocido abogado de derechos humanos Sir Geoffrey Nice.

El tribunal llegó a la conclusión de que la sustracción forzada de órganos se ha venido realizando durante años en toda China a una escala significativa y que los mayores víctimas han sido precisamente los creyentes, sobre todo las personas que practican Falun Dafa.

Miguel Díaz – BLes