La falsa denuncia de una supuesta agresión homófoba contra un joven en Malasaña remeció al país. Pese a ello, el gobierno español insiste en redoblar las medidas. Según OKdiario, las policías afirman que bloquearán cualquier tipo de «presión social o política» en estos casos.

La supuesta denuncia homófoba contra un joven en Malasaña sigue dando de qué hablar. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó este viernes a una reunión extraordinaria para tratar el asunto. Durante el encuentro, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la creación de grupos especializados en «delitos de odio» dentro de la Policía y Guardia Civil.

Asimismo, definió los próximos lineamientos del gobierno en esta materia. Entre ellos, la dotación de más instrumentos a las fuerzas de Seguridad del Estado para combatir este tipo de delitos. El líder de la cartera también afirmó la implementación de un programa de asistencia a las víctimas y mayor coordinación con las policías locales. Del mismo modo, notificó de un plan para mejorar la formación de los uniformados en este tema.

Fue el propio presidente del Gobierno español quien llamó a participar de la comisión, luego que se diera a conocer una presunta agresión homofóbica contra un joven en Malasaña, Madrid. El hombre de 20 años aseguró que un grupo de encapuchados lo atacaron e insultaron, grabándole con un cuchillo la palabra «maricón» en los glúteos.

Sin embargo, el caso dio un vuelco radical cuando la pretendida víctima confesó que «se lo había inventado todo» y que la agresión fue consentida. A pesar del inesperado desenlace, Sánchez defendió su intención de continuar impulsado estas iniciativas. «Esa denuncia falsa no puede impedir describir la realidad que sufren por desgracia personas de distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son», afirmó.

«El compromiso del Gobierno de España para con la tolerancia y el respeto a la diversidad. El compromiso de poner sobre la mesa medidas para frenar el incremento de delitos de odio que estamos viendo», aseveró el mandatario español.

¿Qué hay detrás de los «delitos de odio»? 

Según el Ministerio del Interior, durante el primer semestre de este año, la Policía y Guardia Civil recibieron 610 denuncias relacionadas con «delitos de odio». Esto equivale a un 9,3 % más que las notificadas en el mismo período en 2019, cuando se registraban 558 sucesos. Estos datos fueron recogidos por el periódico El País.

El gobierno español apunta a la orientación sexual de las víctimas como una posible detonante de los ataques. «Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43% en el primer semestre de 2021. Que el árbol no nos impida ver el bosque», tuiteó la ministra de Igualdad, Irene Montero.

No obstante, las razones siguen siendo inciertas y las presiones de todo tipo tienden a incidir en los resultados de las investigaciones. De acuerdo con OKdiarioel alto mando policial se ha mostrado escéptico de calificar con tanta rapidez delitos como de «odio». «No se aceptará ninguna insinuación para retorcer los hechos y catalogar como delito de odio lo que no lo sea», señalaron las fuentes del periódico. Asimismo, recalcaron que bloquearán cualquier tipo de «presión social o política» ya que están cansados de los «juicios paralelos».

El efecto político de una acusación falsa

Tras revelarse la falsedad de la denuncia en Malasaña, Fernando Grande-Marlaska se ha convertido en el principal blanco de las críticas contra el gobierno. Parte de la oposición lo acusa de «instrumentalizar» un caso que resultó ser ficticio, para además atacar a sus detractores políticos.

En una entrevista para la televisión española, el ministro apuntó que «hay discursos que están en el límite de lo que es procedente y oportuno». Sin ir más lejos, el representante del Interior señaló que Vox «juega en ese límite».

Frente a esto, el partido de Abascal solicitó en el Congreso la reprobación y destitución de Marlaska. La coalición verde argumenta que este ha «promovido el odio y la violencia contra la tercera fuerza política de España». Por su parte, el Partido Popular (PP) exige su dimisión inmediata por «usar de forma partidista este tipo de agresiones».

María José Olea Álvarez – Panampost.com

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